El derecho al agua y el extractivismo en Centroamérica
El derecho al agua es, sin duda uno de los puntos nodales alrededor del cual se centran las disputas y conflictos en relación a los impactos del "extractivismo", entendido éste no sólo como las industrias extractivas de petróleo gas y minería sino también lo conocido como el “agro-negocio”. Este derecho está actualmente amenazado por las múltiples decisiones económicas que se toman en los países y por ende, supeditado a los vaivenes del capital financiero y las elecciones que nuestros gobiernos toman en materia de inversiones. Para proteger este derecho en el mundo de hoy es necesario balancear las necesidades sociales con los bienes hídricos disponibles y para eso se requiere conocimiento, políticas y acción.
En la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, han tenido conflictos relacionados a la minería química de metales en donde uno de los derechos vulnerados es el derecho al agua. Se calcula que la Mina Marlin en Guatemala utiliza unos 250.000 litros de agua por hora, unos 6 millones de litros de agua diarios que es la cantidad que usaría una familia campesina en 30 años. Según los pobladores del Valle de Siria en Honduras se han secado 19 de 23 ríos de la zona por las operaciones de la mina San Martín. El Salvador por ejemplo, ha basado toda su argumentación para suspender de hecho la minería metálica por su potencial impacto al ya escaso recurso que si se contaminara afectaría la salud de todos los y las salvadoreñas.
Además, existe una campaña nacional alrededor del caso Oceana Gold en el Departamento de Cabañas que se centra en la protección de ese derecho y que la empresa abandone el caso ante el CIADI y con ello su intención de operar en el país. Para minimizar el riesgo de la minería transfronteriza en las cuentas compartidas, las organizaciones sociales lideradas por CEICOM, están promoviendo un tratado de aguas para estas cuencas en la región que fue presentado en la reciente VII Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en Guatemala. De ser aprobado, un tratado así funcionaría como blindaje para la minería transfronteriza o cualquier otro megaproyecto que pudiera representar un gran riesgo para este derecho; el reto será la voluntad política de los gobiernos y las cancillerías para hacerlo realidad.
El impacto mayor de la privación del derecho al agua es a los pueblos indígenas pues en su mayoría se encuentran en zonas rurales y dependen de los bienes naturales para la subsistencia; esto versus el impulso de proyectos inconsultos que atentan contra el uso sostenible del territorio pues implican la utilización, muchas veces hasta gratuita, y desvío de los cauces naturales de ríos con el fin de irrigar las grandes plantaciones de monocultivos para agro combustibles (tal el caso del río Pacaya, Valle del Polochic en Guatemala ) o la contaminación de las fuentes de agua que históricamente abastecen a las comunidades, como en el caso del rio San Sebastián en El Salvador contaminado con ácido y metales pesados dejados por la minería metálica en décadas anteriores y con una población que aún permanece sin ningún tipo de reparación.
La defensa del derecho al agua por las comunidades y agentes primario de cambio con los que trabajamos en el terreno implica una batalla legal a veces larga, pero que puede también poner en el centro del debate nacional e internacional las graves implicaciones de la violación a este derecho. Tal es el caso reciente de la denuncia penal por contaminación industrial de agua en el río Los Esclavos, arteria hídrica principal de Santa Rosa, una comunidad en Guatemala que se enfrenta a la expansión de la compañía Tahoe Resources. Su subsidiaria nacional, Minera San Rafael, arrojaba los residuos de sustancias tóxicas que utilizaba en la exploración de minerales a la quebrada del río, lo que provocó la contaminación con sólidos en suspensión y la alteración del color del agua haciendo que el líquido no sea apto para el consumo humano ni para la agricultura. Este caso, como el de San Sebastián, será presentado con más detalles en la próxima audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
Finalmente, me gustaría añadir que se hace indispensable para los gobiernos tener políticas, reglamentos más estrictos que protejan este derecho, que garantice su disponibilidad para el consumo humano y para las tareas esenciales que hacen a la supervivencia de las economías locales. También deberían regular su uso por las empresas, algunos hablan de un canon hídrico pero aún no está resulto que si la solución radica en el concepto “el que contamina paga”. Por parte de las empresas, habría que pensar formas para que los tratados internacionales sobre aguas, las convenciones que protegen las áreas de alto valor ambiental y los estándares ambientales y de derechos humanos puedan tener en los países un estatus vinculante que obligue a las empresas a responder con seriedad cuando este derecho es violentado.